Al iniciar una relación de arrendamiento, contar con un contrato bien detallado y claro no solo es una obligación legal, sino una forma de proteger a ambas partes involucradas. Este documento va más allá de ser una formalidad; es una herramienta esencial que establece cómo se llevará a cabo la ocupación de la propiedad y define los derechos y responsabilidades tanto del arrendador como del arrendatario.
Un contrato bien estructurado debe contemplar aspectos fundamentales como el monto mensual del arrendamiento, la duración del acuerdo, las condiciones para el uso del inmueble, las pautas de renovación, los incrementos permitidos, y quién será responsable de cada tipo de reparación o mantenimiento. Además, puede incluir restricciones sobre el subarriendo, los usos permitidos y cualquier otra condición específica que se adapte tanto a las características de la propiedad como a las necesidades de las partes involucradas.
En Colombia, estos contratos deben adherirse a la Ley 820 de 2003, que regula los arrendamientos de viviendas urbanas, ofreciendo así una sólida protección jurídica tanto para los propietarios como para los arrendatarios.
En Arrendamientos El Castillo, garantizamos que cada contrato sea revisado y aprobado por abogados especializados en derecho inmobiliario
